La Policía Nacional ha puesto en marcha un proceso de fiscalización interna para revisar exhaustivamente el desempeño de sus agentes en el incidente que cobró la vida del conductor de un camión recolector de basura. El foco de la investigación institucional se centra actualmente en los protocolos de respuesta y la posible responsabilidad disciplinaria de los oficiales que presenciaron distintos momentos de la persecución.
La inspección de los organismos de control interno se fundamenta principalmente en el análisis de material audiovisual recolectado. Un aspecto crítico bajo escrutinio es el momento en que el conductor, identificado como Abreu Quezada, detuvo su marcha brevemente frente a un recinto policial con la aparente intención de solicitar ayuda antes de reanudar el camino hacia el Palacio de Justicia. La institución busca establecer si la reacción de los agentes presentes en ese punto fue la adecuada conforme a las normas operativas vigentes.
Asimismo, se evalúa la intervención final ocurrida en el estacionamiento de la sede judicial, donde un agente realizó disparos disuasivos para dispersar a la multitud de motoconchistas. Aunque el informe oficial indica que esta acción logró frenar el linchamiento, la fiscalización interna determinará si los agentes actuantes incurrieron en omisión o negligencia en las etapas previas del altercado, cuando el ataque con armas blancas aún podía ser evitado.
En el ámbito penal, el sistema de justicia avanza con la detención de ocho motoconchistas quienes ya se encuentran bajo custodia del Ministerio Público. Por instrucción directa de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, los fiscales han sido facultados para presentar cargos por asesinato contra los implicados, utilizando los registros digitales de redes sociales como evidencia central del proceso.
Mientras se esperan los resultados de la auditoría operativa policial, los restos de Abreu Quezada reciben sepultura este domingo en el cementerio municipal de Constanza. El caso mantiene bajo presión a las autoridades tras los constantes reclamos de justicia emitidos por la Alcaldía de Santiago y los familiares del fallecido.
