El anuncio realizado por el Gobierno dominicano respecto a un plan de austeridad que incluye un recorte del 50 % en los fondos destinados a los partidos políticos ha provocado una serie de reacciones encontradas entre los dirigentes de las principales organizaciones políticas del país. La iniciativa, que busca reducir el financiamiento público de RD$1,620 millones a RD$810 millones, se enmarca en un conjunto de medidas orientadas a enfrentar el impacto económico de la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente, con el objetivo de generar un ahorro estimado de RD$40,000 millones.
Dirigentes de la oposición han expresado un rechazo contundente a la propuesta. Representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo han calificado la medida como un intento de debilitar a las organizaciones políticas y un desprecio hacia la democracia. Por su parte, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Opción Democrática han advertido sobre la inviabilidad legal de la medida, señalando que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de reducir estos fondos unilateralmente sin modificar previamente la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Presupuesto. Además, han cuestionado que la propuesta carece de un enfoque integral al no proponer recortes proporcionales en otros renglones como la publicidad estatal.
En contraparte, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha defendido la iniciativa bajo el concepto de «sacrificio compartido». El ministro Sigmund Freund argumentó que todos los sectores, incluidos los partidos políticos, deben aportar en momentos de crisis económica, cuestionando si las organizaciones no tienen la capacidad de contribuir con este ahorro fiscal. La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, también se sumó a las voces que respaldan la medida, enfatizando la necesidad de que el esfuerzo sea colectivo.
El paquete de medidas anunciado por el presidente Luis Abinader es amplio y busca optimizar el gasto público en diversas áreas. Además del recorte a los partidos, el plan contempla la contención en la compra de vehículos, la racionalización de servicios, la disminución de gastos en reparaciones, ajustes en viáticos y pasajes, y una reducción significativa en el gasto de publicidad del Estado. El Gobierno ha señalado que se mantiene abierto al diálogo con las distintas organizaciones políticas mientras avanza en la implementación de esta estrategia de contención fiscal.
