El ejército de Israel ha ejecutado la intercepción de una flotilla con destino a la Franja de Gaza mientras navegaba en aguas internacionales frente a las costas de Creta. El operativo resultó en la detención de decenas de activistas que viajaban en más de una veintena de embarcaciones. Tras gestiones diplomáticas, se ha alcanzado un acuerdo entre el gobierno israelí y las autoridades de Grecia para que los civiles sean trasladados y desembarcados en territorio heleno, desde donde se coordinará su retorno seguro a sus respectivos países de origen.
La operación ha suscitado una enérgica respuesta internacional. Mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó el despliegue como un éxito total y sostuvo que los participantes respaldan al movimiento islamista Hamás, diversos países, incluyendo España, Turquía y Pakistán, han denunciado lo que consideran violaciones flagrantes del derecho internacional. El Gobierno español, en particular, ha convocado al encargado de negocios de Israel en Madrid, expresando su rechazo al abordaje de la flota civil. Por su parte, la administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, ha respaldado la acción israelí, criticando la maniobra de los activistas y advirtiendo sobre posibles consecuencias para quienes apoyen este tipo de iniciativas.
Los organizadores de la flotilla, agrupados bajo la iniciativa Flotilla Global Sumud, denunciaron que el abordaje fue violento y que los participantes fueron intimidados por fuerzas militares. Según sus testimonios, el convoy transportaba ayuda humanitaria, incluyendo material escolar y alimentos. En contraposición, las autoridades israelíes han justificado la intervención argumentando la necesidad de impedir la violación de un bloqueo legal y citando la presencia de elementos no relacionados con ayuda humanitaria en los barcos, además de informar sobre el hallazgo de sustancias ilícitas durante el registro de las naves.
Esta crisis se desarrolla en el contexto de un bloqueo impuesto a la Franja de Gaza desde 2007, agravado tras el conflicto iniciado en octubre de 2023. Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado duramente a Israel por las medidas empleadas para mantener el bloqueo, subrayando que tales acciones impiden el flujo de suministros médicos, alimentarios y de primera necesidad para la población palestina, que enfrenta una grave escasez de recursos esenciales en medio de la actual situación bélica.
