La jueza de Instrucción Especial, Isis Muñiz, ha establecido para el próximo 5 de mayo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara. La audiencia está programada para iniciar a las 2:00 de la tarde, dando continuidad al proceso legal que se sigue contra el funcionario del Ministerio Público, quien permanece recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El proceso había experimentado una pausa debido a un recurso de recusación interpuesto por la defensa técnica del imputado, integrada por los abogados Alberto Delgado y Valentín Medrano. La defensa había argumentado que la magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, carecía de imparcialidad para conocer el caso.
No obstante, el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó dicha recusación, permitiendo que la jueza retome el conocimiento de la solicitud. Previo a esta resolución, el pleno de la Suprema Corte de Justicia se había declarado incompetente para decidir sobre el recurso, procediendo a enviarlo a la instancia correspondiente para su resolución.
El fiscal Valdez Alcántara, quien desempeñaba funciones en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), es señalado por las autoridades de recibir una suma de 10,000 dólares. Según la acusación del Ministerio Público, el dinero habría sido entregado por un testigo vinculado a una investigación sobre el Servicio Nacional de Salud, conocido como el caso Senasa.
Ante la naturaleza de los hechos y la posición del imputado dentro del sistema de justicia, el órgano persecutor ha solicitado al tribunal la imposición de un año de prisión preventiva. El Ministerio Público sostiene que existe un riesgo latente de que, de permanecer en libertad, el acusado pueda utilizar su cargo para obstaculizar el curso de las investigaciones o influir en el proceso judicial.
