El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas analizó la situación de Haití, centrando el debate en la seguridad fronteriza, el tráfico de armas y el calendario electoral. Durante la sesión, el representante especial Jack Christofides informó que la Fuerza de Represión de Pandillas operará mediante un despliegue por etapas en los próximos meses, con el objetivo de que las instituciones haitianas recuperen el control territorial.
Uno de los puntos críticos abordados fue la necesidad de fortalecer el embargo de armas. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Binuh, advirtió que la violencia en el país fluctúa directamente según el acceso a municiones y armamento ilícito. Ruiz Massieu subrayó que el ciclo de ataques a gran escala solo podrá interrumpirse mediante controles fronterizos y marítimos más rigurosos, señalando que la crisis ya ha provocado el desplazamiento de 1.5 millones de personas.
Por su parte, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presentó avances en el fortalecimiento de la policía local, proyectando alcanzar los 4,000 efectivos para finales de este año. En cuanto al plano político, aseguró que el Gobierno trabaja en el presupuesto electoral y en el registro de partidos, mientras busca restablecer la presencia del Estado en regiones estratégicas para reactivar la economía y la libre circulación.
La relación binacional con la República Dominicana también fue resaltada como un punto positivo. Ambos países han coordinado ejercicios conjuntos contra el crimen organizado y acordaron recientemente la reapertura del corredor aéreo. No obstante, el representante dominicano ante la ONU, Wellington Bencosme, alertó que la solución no debe ser solo militar, sino que requiere inversión privada y programas de empleo para los jóvenes.
Finalmente, la sesión abordó denuncias de abusos sexuales atribuidos a personal de la misión multinacional. Mientras delegaciones de Panamá y Dinamarca exigieron transparencia total, la representación de Kenia defendió sus protocolos de investigación internos, asegurando que las acusaciones presentadas en informes previos carecen de fundamento tras las pesquisas realizadas por su comisión de investigación.
