SANTO DOMINGO.– El curso legal contra el fiscal de la Pepca, Aurelio Valdez Alcántara, entró en una fase de revisión jerárquica. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, designó al magistrado Francisco Jerez Mena para estudiar la recusación interpuesta contra la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien conoce la medida de coerción por presunto soborno.
La defensa técnica del fiscal imputado, encabezada por los abogados Alberto Delgado y Valentín Medrano, cuestiona la objetividad de la magistrada Muñiz. Argumentan que la jueza autorizó previamente diligencias críticas de la investigación, como la “entrega vigilada” de los 10 mil dólares del supuesto soborno. Según los juristas, este contacto previo con las pruebas —incluyendo videos y el dinero físico— la inhabilitaría para decidir sobre la libertad del procesado.
Aunque la magistrada rechazó inhibirse, el protocolo legal obligó a remitir el expediente al alto tribunal. El magistrado Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema, analizará los méritos de la recusación y presentará una recomendación al Pleno, órgano que emitirá el fallo definitivo sobre quién continuará al frente del tribunal.
El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra Valdez Alcántara, acusado de recibir dinero de un testigo vinculado al caso Senasa (Servicio Nacional de Salud). Dada la posición del imputado dentro de la Pepca, el órgano persecutor advierte sobre un alto riesgo de obstaculización de la justicia si el proceso no se lleva bajo estricta vigilancia judicial.
La decisión de la Suprema Corte será clave para definir el rumbo de un expediente que pone a prueba la credibilidad institucional en torno a la lucha contra la corrupción.
