La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley 225-20, o Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esta legislación, promulgada hace cinco años, ha sido reformada nuevamente debido a la magnitud y persistencia del problema de la basura en la República Dominicana.
Durante una sesión celebrada en horas de la tarde, los diputados conocieron la pieza en primera lectura y, de inmediato, convocaron a una asamblea extraordinaria para su validación, logrando mayoría de votos favorables.
El proyecto será ahora devuelto al Senado, que lo había aprobado originalmente en enero de 2025, para que se revisen y conozcan nuevamente las modificaciones introducidas.
Una de las principales enmiendas afecta el artículo 154, el cual establece que los productos de foam (espuma plástica) deberán biodegradarse en al menos un 20 por ciento durante el primer año y hasta un 90 por ciento en cinco años. Este proceso de degradación deberá comprobarse mediante estudios en laboratorios certificados y auditorías anuales.
Los fabricantes y empresas importadoras deberán contar con certificados que avalen el cumplimiento de estas normas, ajustadas a estándares internacionales. En el caso de las importaciones, la Dirección General de Aduanas (DGA) será responsable de verificar las certificaciones al momento del ingreso de los productos al país.
Otro cambio significativo es la regulación de la infraestructura destinada a la disposición final de los residuos. La ley establece que solo se permitirá un vertedero por provincia y una planta procesadora por cada diez regiones, dentro de un radio de 70 kilómetros. La única excepción será la región Ozama, por ser la más densamente poblada.
La normativa también dispone que los fabricantes de cemento deberán incorporar prácticas de reciclaje, utilizando residuos sólidos nacionales como fuente de energía alternativa en sus calderas.
Uno de los puntos más debatidos durante la discusión fue el ajuste a las contribuciones empresariales para el manejo de residuos. Los diputados decidieron reducir los montos originalmente establecidos por el Senado. Según la nueva redacción, las empresas con ingresos de hasta un millón de pesos pagarán tres mil pesos anuales, las que reporten hasta diez millones pagarán seis mil pesos, las que ganen hasta veinticinco millones pagarán veinte mil pesos, mientras que aquellas con ingresos de hasta cien millones pagarán seiscientos setenta y cinco mil pesos. Esta última cifra es considerablemente inferior a los dos millones propuestos inicialmente por la cámara alta.
Las contribuciones serán deducibles del ingreso bruto e indexadas anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.
Algunos legisladores pidieron reducir aún más las cuotas. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien también había participado en la elaboración original de la pieza antes del año 2020, defendió los montos aprobados y aseguró que se trata de unas de las tarifas más bajas de América Latina. Incluso, advirtió que en el futuro será necesario aumentar estas tarifas si realmente se quiere combatir de forma efectiva la crisis de los residuos sólidos en el país.
Asimismo, se modificó el artículo 38 para incluir entre los objetivos de la Ley la operación de un fondo destinado a la gestión integral de residuos sólidos. Dicho fondo estará dirigido a la instalación de estaciones de transferencia, el cierre de vertederos a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios, el desarrollo de proyectos integrados y el transporte vinculado al manejo de desechos, conforme a lo establecido en la legislación.
