El Ministerio Público interrogó recientemente a un testigo clave y víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Según informaciones, el testigo habría entregado evidencias que no solo implicarían responsabilidad civil, sino también penal por parte de los propietarios del establecimiento.
Gregory Adamés, exempleado de la discoteca, se presentó ante la Procuraduría General de la República acompañado de sus abogados, Luis Andrés Aybar y Plinio Pina. Fue interrogado por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección de Wilson Camacho.
Durante su comparecencia, Adamés presentó una querella con constitución en actor civil contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, y las empresas Inversiones E y L, así como Club Jet Set.
Entre las pruebas aportadas figura un teléfono móvil que contiene videos y conversaciones sostenidas con Antonio Espaillat, en las que Adamés le advertía que la fiesta programada para el 8 de abril de 2025 no debía realizarse debido al grave riesgo de colapso del techo. Pese a las advertencias, según el testimonio, Espaillat insistió en continuar con la celebración del evento, que sería amenizado por el merenguero Rubby Pérez, quien falleció en la tragedia junto a unas 235 personas.
Gregory Adamés, quien resultó herido junto a otras 180 personas, se desempeñaba como encargado de reservaciones y coordinación logística de los eventos en la discoteca.
Incremento de acciones legales y señalamientos al Estado
Este martes, la Fiscalía del Distrito Nacional reportó un aumento a 68 en el número de acciones legales interpuestas contra los propietarios del Jet Set, incluyendo querellas y denuncias formales.
Varias de estas acciones también señalan al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) por presunto incumplimiento de sus deberes legales en cuanto a la supervisión y seguridad de establecimientos comerciales.
Las denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, citando deficiencias estructurales y la presencia de equipo pesado sobre el techo como factores que habrían contribuido al colapso.
Los querellantes sostienen que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar una acción penal contra Antonio Espaillat, comenzando con su citación formal a interrogatorio, a fin de llevar a cabo una investigación objetiva y rigurosa. Alegan que la inacción hasta la fecha compromete la credibilidad del sistema de justicia.
Hasta el momento, según los denunciantes, el Ministerio Público no ha interrogado a Espaillat ni ha iniciado ninguna acción penal en su contra.
