Decenas de pequeños productores agrícolas, respaldados por sacerdotes y monjas de la zona cañera, se congregaron en el salón parroquial de Batey 5 para denunciar una serie de atropellos y despojos de tierras que atribuyen al Consorcio Azucarero Central (CAC). Durante la asamblea, las organizaciones anunciaron una jornada de protesta frente a las oficinas administrativas de la empresa para el próximo lunes 27 de abril.
Luis Manuel Peña, representante del Bloque Campesino Sur Sur, calificó las acciones del CAC como un plan de despojo de predios que han sido trabajados por familias humildes durante más de 80 y 90 años. Según los denunciantes, la empresa realiza mediciones arbitrarias y, bajo el amparo de patrullas militares, procede a demoler cultivos con maquinaria pesada sin ofrecer compensaciones justas a los agricultores.
Uno de los puntos centrales de la movilización es la exigencia de libertad para el dirigente campesino Alcibíades Ogando Féliz, quien se encuentra recluido en la cárcel de Neiba. Su defensa legal asegura que las acusaciones de destrucción de cañaverales interpuestas por el CAC son falsas y forman parte de una estrategia de amedrentamiento contra los trabajadores de la tierra.
Expertos y líderes comunitarios advirtieron que el conflicto se ha agudizado tras una reciente adenda contractual que otorgaría al consorcio unas 100,000 tareas adicionales de concesión. Los campesinos alegan que esta expansión se está realizando a costa de pequeñas propiedades históricas que, por mandato oficial del arrendamiento original del Ingenio Barahona, debían ser respetadas y protegidas para el sustento de las familias locales.
