La audiencia preliminar por el colapso de la discoteca Jet Set tomó un matiz más severo este lunes, luego de que la representación legal de la familia de Johanna Rodríguez de Grullón solicitara formalmente al tribunal una variación en la calificación jurídica del proceso. La petición busca que los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat López, sean juzgados por homicidio voluntario, alejándose de la tipificación de homicidio involuntario que sostiene actualmente el Ministerio Público.
La parte querellante, encabezada por el padre de la víctima, argumenta que la tragedia no fue un accidente fortuito producto de la negligencia simple. Según la querella particular, existió una presunta intención delictiva al ordenar intervenciones en la infraestructura sin los debidos estudios técnicos y mantener el local operando a pesar de un deterioro estructural que era progresivo y evidente. Esta tesis jurídica sugiere que los acusados habrían aceptado el riesgo de un desenlace fatal al priorizar la operatividad del negocio sobre la seguridad física de los asistentes.
El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción, escuchó estas conclusiones durante una jornada maratónica que se extendió por más de siete horas. Mientras esta familia busca la pena máxima, el tribunal también formalizó el retiro de otras seis querellas por parte de familiares que decidieron no continuar con la acción penal. El magistrado ha recesado la vista hasta el lunes 27 de abril, fecha en la que se espera concluir con las intervenciones de las partes restantes para decidir si el caso posee los méritos suficientes para ir a un juicio de fondo.
