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sábado, agosto 15, 2026

Caso Camaleón: Chats de WhatsApp revelan que Jochi Gómez marcaba la agenda de Hugo Beras en el Intrant

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Carmen de la Cruz
Carmen de la Cruz
Periodista y locutora dominicana.

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público presentó este viernes pruebas que, según el órgano persecutor, evidencian que el proceso de licitación para la red semafórica del Gran Santo Domingo fue una “simple formalidad”. Durante la audiencia preliminar, se leyeron transcripciones de WhatsApp que sitúan al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) como el operador detrás de las decisiones del Intrant.

El fiscal Jhonatan Pérez Fulcar, de la Pepca, reveló ante la jueza Yanibet Rivas que Beras y Gómez coordinaban pasos críticos del proceso entre marzo y abril de 2023, meses antes de que se cumplieran los plazos legales. En los chats, los imputados ya discutían fechas de adjudicación y detalles de la “prueba de concepto” mientras la licitación aún estaba abierta al público.

El Ministerio Público sostiene que Gómez enviaba documentos PDF con instrucciones sobre cómo debía ejecutarse la prueba de concepto para su propia empresa, Transcore Latam. Peritos confirmaron que el pliego de condiciones y el contrato no fueron redactados por el departamento jurídico del Intrant, sino que llegaron “ya terminados” desde fuera de la institución. Los mensajes también sugieren un plan para incluir figuras públicas como “veedores” con el fin de dar apariencia de transparencia a un proceso que, según la acusación, estaba viciado desde el inicio.

“Hugo Beras no manejaba la institución; la agenda la marcaba el licitador”, sentenció Pérez Fulcar. Con estos elementos, el Ministerio Público busca sustentar cargos de coalición de funcionarios, fraude al Estado y falsificación de documentos contra los implicados en la red que habría operado de manera irregular dentro del organismo de transporte.

El caso se perfila como uno de los expedientes más relevantes en torno a la gestión de contrataciones públicas, con implicaciones directas sobre la credibilidad institucional y la transparencia en el manejo de fondos estatales.

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