Santo Domingo. – El pasado 23 de julio, el Senado de la República aprobó en segunda lectura una modificación a la Ley 225-20 sobre la Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con el propósito de fortalecer su marco regulatorio.
Sin embargo, a pesar de que el artículo 180 del reglamento del Senado establece un plazo máximo de 15 días para remitir la iniciativa al Poder Ejecutivo, la pieza legislativa aún no ha sido enviada, acumulando ya más de 40 días bajo custodia del órgano legislativo, al cierre de este lunes 1 de septiembre.
“Si la iniciativa aprobada por el pleno requiere su tramitación a la Cámara de Diputados o al Poder Ejecutivo, el plazo para remitirla no será mayor de quince días, desde la fecha de su aprobación”, señala el párrafo I del referido artículo.
A pesar de esta disposición, el Senado ha postergado el envío hacia la Consultoría Jurídica de la Presidencia, donde corresponde su revisión para eventual promulgación u observación por parte del Poder Ejecutivo.
El reglamento también contempla excepciones, aclarando en su párrafo II que los plazos no aplican para iniciativas con carácter de urgencia o de interés inmediato, las cuales deben ser tramitadas en tiempos abreviados. No obstante, este no ha sido el caso de la modificación a la Ley 225-20.
“Ley secuestrada”
Pedro Richardson, presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), denunció públicamente que el Senado mantiene «secuestrada o engavetada» la legislación, según declaraciones recogidas por diversos medios de comunicación.
Ante estas críticas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió su accionar, asegurando que no ha incurrido en ninguna violación constitucional o legal.
«No estoy haciendo nada que esté violando la Constitución, ni ninguna ley. No estoy haciendo nada incorrecto», declaró el senador este lunes al ser abordado por periodistas en el Congreso Nacional.
Por su parte, el presidente Luis Abinader anunció el pasado 28 de julio su intención de observar las modificaciones introducidas a la ley, con el objetivo de corregir “errores y situaciones que deben mejorarse”.
De los Santos explicó que el Senado, en conjunto con el Gobierno, está en un proceso de revisión técnica de la legislación, para colaborar con el Poder Ejecutivo en la formulación de las observaciones que serán presentadas en los próximos días.
Aclaró además que, aunque la ley aún no ha sido enviada formalmente al Ejecutivo, este ya conoce el contenido y las disposiciones modificadas, por lo que la tramitación no es considerada urgente en este momento.
