Santo Domingo.- En 2023, la Procuraduría General de la Nación de Panamá puso en marcha la Operación Jericó, una investigación que permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales.
Uno de los principales implicados es el ciudadano panameño Eduardo Lionel Martínez Collins, alias Ameba, de 43 años, quien se mantuvo oculto en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, hasta el pasado martes 19 de agosto, cuando fue arrestado y deportado a su país.
El arresto en República Dominicana del panameño Eduardo Lionel Martínez Collins, uno de los prófugos, se realizó en la calle Verbo de Dios, esquina calle Estrella del Este, en el sector La Ureña del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, cerca del lugar donde se estaba ocultando.
Su captura se llevó a cabo mediante una operación encubierta por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e inspectores de la Dirección General de Migración (DGM), en coordinación con la Policía de Panamá, la Interpol y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
Una vez arrestado, el panameño fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde fue entregado a oficiales panameños. Desde allí, abordó un vuelo comercial que lo llevó de regreso a su país, donde deberá enfrentar la justicia por los múltiples cargos que se le imputan.
Martínez Collins figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades panameñas. Se le acusa de delitos contra la seguridad colectiva, conspiración para cometer crímenes vinculados al narcotráfico, blanqueo de capitales, homicidio y feminicidio. Este último con base en una orden de captura internacional emitida por la Fiscalía Superior Metropolitana de Panamá.
Modus operandi de la red criminal
Según la Fiscalía panameña, la organización coordinaba la logística del narcotráfico a través de comunicaciones telefónicas y reuniones presenciales, asegurando el transporte de drogas y dinero por todo el territorio panameño.
El esquema incluía el ingreso de cargamentos desde Colombia en embarcaciones de pesca artesanal y lanchas rápidas, que llegaban a puntos de recepción en zonas como Comarca Guna Yala, Darién y Panamá. Posteriormente, la droga era trasladada por rutas selváticas hasta la frontera con Costa Rica mediante transporte terrestre.
Además, la red utilizaba empresas fachada para financiar operaciones logísticas, encubrir ganancias ilícitas y realizar maniobras de colocación, integración y blanqueo de capitales.
Las investigaciones han permitido la captura de más de 30 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos, acusados de facilitar el tráfico de drogas y el movimiento de grandes sumas de dinero.
Durante los operativos, se ha vinculado a la estructura con la incautación de más de 1.5 toneladas de drogas, miles de balboas y dólares en efectivo, así como vehículos, inmuebles y armas de fuego.
Allanamientos y recompensas
Las autoridades panameñas han realizado más de 50 allanamientos en localidades como Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos. La Fiscalía de Drogas ha imputado a 37 personas por delitos de conspiración, narcotráfico y lavado de dinero.
Entre los acusados figuran el hijo de un diputado de la Asamblea Nacional, la administradora de un taller en Juan Díaz —donde se modificaban vehículos para el transporte de drogas— y otros colaboradores responsables del almacenamiento, traslado y recolección de dinero proveniente del narcotráfico.
Desde el inicio de la operación, las autoridades panameñas han ofrecido recompensas de entre 5,000 y 25,000 dólares por información que conduzca a la captura de prófugos vinculados a esta red criminal.
