El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, con el objetivo de establecer los mecanismos a través de los cuales el Poder Legislativo ejercerá su función constitucional de control político. Esta iniciativa, que estuvo paralizada durante más de dos décadas, será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la creación de una Comisión Especial de Investigación, la cual tendrá la facultad de requerir la comparecencia obligatoria de toda persona física o jurídica para ofrecer información sobre temas bajo indagación legislativa.
Según el artículo 43, el requerimiento se tramitará mediante citación formal, realizada por un alguacil. En caso de que la persona citada no comparezca de forma voluntaria e injustificada, incurrirá en la infracción penal de desacato, tal como lo establece el artículo 47.
«La persona física o en representación de una persona jurídica que, habiendo sido debidamente requerida y citada, no comparezca voluntaria e injustificadamente ante una comisión especial de investigación, incurrirá en la infracción penal de desacato, y será sancionada con quince días a un año de prisión y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público”, indica el artículo.
Por otra parte, el artículo 46 garantiza que la persona citada podrá presentarse acompañada de quien designe para asistirle, siempre que informe previamente al presidente de la comisión correspondiente.
El mismo artículo establece que, si durante las declaraciones surgen indicios racionales de responsabilidad penalrespecto de cualquier persona, la comisión deberá notificar al presidente de la cámara legislativa correspondiente, para que este lo ponga en conocimiento del Ministerio Público.
Estas disposiciones buscan reforzar la capacidad del Congreso Nacional para realizar investigaciones y ejercer su rol de fiscalización, aunque también han generado debate por el alcance de las sanciones contempladas y sus implicaciones para los derechos ciudadanos.
