El Senado de la República aprobó a unanimidad y en segunda lectura, el proyecto de ley que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, remitida por el Poder Ejecutivo.
Esta iniciativa incluye, además como agravante para los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, la participación de funcionarios de los órganos extra poder, así como los demás poderes del Estado y los gobiernos locales.
El presidente de la Comisión Especial que tuvo a su cargo analizar y estudiar esta normativa Franklin Romero, presentó un informe favorable, el cual fue acogido por el pleno para que sea incluido en los trabajos legislativos un informe con modificaciones a sugerencia del senador Omar Fernández.
En tanto, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, sugirió cuatro modificaciones de las cuales fueron acogidas dos por la Comisión Especial. En lo adelante, la Ley adiciona el párrafo III y IV al artículo 3. El Párrafo III señala que el culpable del delito de trata de personas será sancionado con la pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de reclusión y multa de setecientos (700) a mil quinientos (1,500) salarios mínimos del sector público. En tanto que, el IV, apunta que “El delito de trata de personas no prescribe”.
Mientras que, en el párrafo V se destaca que el funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del delito de trata de personas se le impondrá, como pena complementaria, la inhabilitación por espacio de diez (10) años para ejercer cualquier tipo de función pública y, en caso de reincidencia, la inhabilitación será por veinte (20) años, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de la libertad impuesta.
