Santo Domingo. – El Ministerio Público informó este martes que Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, llegó a un acuerdo judicial mediante el cual acepta su responsabilidad penal en un caso de corrupción y se compromete a devolver más de RD$3,000 millones al Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) detalló que el acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la figura del «criterio de oportunidad», conforme al artículo 370 del Código Procesal Penal.
El caso está vinculado al expediente por el que Alexis Medina, hermano del expresidente, fue condenado a siete años de prisión por corrupción administrativa. Varios de los acusados fueron igualmente condenados, mientras que otros resultaron absueltos.
Según la nota oficial, Maxy Montilla pagará RD$2,000 millones en efectivo al Estado como parte de la recuperación de fondos desviados. Además, deberá abonar RD$431 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y ceder un terreno valorado en RD$50 millones para su decomiso.
Disolución de empresas y compromisos adicionales
El acuerdo también contempla la disolución de 11 empresas relacionadas con Montilla, muchas de las cuales, según la investigación, participaron en contratos fraudulentos en el sector eléctrico, obtenidos mediante el uso de información privilegiada y el pago de sobornos a funcionarios públicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Montilla utilizó su red empresarial para beneficiarse ilegalmente de contratos estatales, generando una situación de monopolio que afectó negativamente la calidad del servicio eléctrico nacional.
«La manipulación de los procesos de contratación pública fue posible gracias al pago sistemático de sobornos a funcionarios, lo que permitió adjudicaciones irregulares a sus empresas», indica el comunicado.
Criterio de oportunidad como vía de resolución
El criterio de oportunidad se aplicó en este caso debido a la colaboración del imputado, quien contribuyó al esclarecimiento de los hechos y facilitó la recuperación de activos. Este mecanismo legal permite una resolución más eficiente de procesos complejos, según explicó la PEPCA.
